La subversión es un fenómeno internacional y por tanto, debe de ser internacionalmente combatida.
Jorge Rafael Videla Redondo
Entre el 12 y 13 de junio del año 1980 fueron secuestrados 3 ciudadanos argentinos en el distrito limeño de Miraflores. Julia Inés Santos de Acabal, Noemí Esther Giannotti de Morfino y Julio César Ramírez fueron los implicados.
Si bien la desaparición y captura de personas de forma arbitraria es condenable, incluso para un gobierno como el de Morales Bermúdez, el secuestro de estos argentinos llevaría a resolver el problema que causaron y/o causarían durante su estancia en Lima.
Para explicar estas desapariciones, habría que describir las circunstancias en las que se encontraban los países involucrados, Perú y Argentina.
Durante el gobierno militar de Morales Bermúdez se intentó resarcir el problema al que, según este gobierno, Velasco Alvarado habría llevado al país luego de su periodo. A fines de agosto de 1985, cuando Morales Bermúdez derrocó al gobierno militar de Velasco Alvarado, una mayoría en el Perú sintió alivio luego de que la derecha trabajara en una campaña satanizando a la primera fase del Gobierno Revolucionario de las FFAA. La segunda fase de este gobierno revolucionario sería adaptada bajo una serie de cambios económicos, buscando simpatías con el gobierno estadounidense, en ese entonces liderado por su presidente James Carter. La política de Carter fue favorable a la democratización de América Latina, dentro del marco de los Derechos Humanos. Dichas directivas fueron las que supuestamente adoptaría Morales Bermúdez durante su mandato.
En el marco de cambio de mando, donde asumiría el cargo de presidente el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en julio de 1980, y que marcaría a su vez el “retorno de la democracia representativa” en el Perú, Morales Bermúdez recibiría la visita especial del presidente argentino General Jorge Rafael Videla Redondo. Para ello se reconstruyó y embelleció la avenida Faucett y las calles por donde pasaría aquel invitado (ver figura 1).
Si bien el gobierno de Morales Bermúdez apoyó y colaboró en un principio al gobierno democrático de Carter, ¿qué intensiones tendría para invitar a un presidente que durante su mandato cometió violaciones a los derechos humanos ejecutados en un ambiente de dictadura?
Durante el gobierno de Rafael Videla (1976-1981), y tras el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, se ejecutaron una serie acciones durante el llamado Proceso de Organización Nacional, que provocaron desapariciones, asesinatos, secuestros y torturas a miles de personas, además de violaciones a los derechos humanos por parte del estado.
El propósito de este proceso, fue el de reprimir a la oposición política e ideológica, catalogada por el gobierno como subversión en muchos casos armada. Durante la ejecución del mismo, la eliminación del derecho a la defensa, la ilegalidad en los procesos de ajusticiamiento y la tortura de los opositores políticos del gobierno fueron frecuentes y más aún cuando la presencia de gremios, estudiantiles u obreros, así como la de militantes subversivos estaba presente.
Es en este contexto de persecuciones y violaciones a los derechos humanos que el gobierno argentino, liderado y representado por su presidente, tendría presencia en el cambio de mando del gobierno del Perú en julio de 1980.
Una relación que podemos encontrar en estos dos gobiernos temporalmente paralelos, es que son de naturaleza militar. Los dos gobiernos asumieron el mando tras un golpe de estado realizado por ellos mismos. La similitud de su forma de gobierno militar, el uno “democrático” y el otro dictatorial, de alguna forma los unió en ese sentido.
Retomando lo primero, al parecer el secuestro de los ciudadanos argentinos se dio en este contexto, de persecuciones y raptos, no solo en el territorio argentino, sino, también en América Latina con el denominado Plan Cóndor u Operación Cóndor. Este plan tenía por función coordinar operaciones entre países latinoamericanos del cono sur. Estos fueron: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de la colaboración de los Estados Unidos. Estas coordinaciones de dieron en el marco de la doctrina Truman, que consistía en el seguimiento, detención y vigilancia (además de amedrentamientos y violencia física) a personas consideradas por dichos gobiernos como “subversivas” que fuesen contrarias a su pensamiento político militar. Esta colaboración entre países fue una manera de perseguir a la izquierda política presente en la región.
El Perú no era miembro de dicho plan, pero al parecer sí colaboró con el gobierno argentino en la persecución de estos ciudadanos argentinos. (Ver figura 2) Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿cuál fue la causa de su secuestro?
Las personas secuestradas, según lo declarado por Javier Diez Canseco a El diario Marka (ver figura 3), pertenecerían al grupo armado argentino denominado Montoneros. Los Montoneros formaron una organización de la izquierda peronista guerrillera y de acción constante en los años setenta en Argentina. En el año de 1975, esta organización fue declarada ilegal por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, lo cual hizo que su accionar y demás actividades pasaran a la clandestinidad. Como organización ilegal y tras el golpe militar en el 76, los montoneros comenzaron a ser perseguidos. La dictadura hizo que muchos de estos militantes padezcan de secuestros y desapariciones, y no solo en Argentina sino también en los países que conformaron la Operación Cóndor. El secuestro de estos ciudadanos argentinos respondería entonces a su pertenencia a esta organización guerrillera.
Lo que manifestó el gobierno argentino luego de la detención fue que estas personas habrían llegado al Perú para ejecutar un atentado en contra del presidente Rafael Videla durante su arribo al país. Y su estancia en el distrito de Miraflores era porque estas tres personas habrían estado maquinando la acción desde aquí.
Lo que no se sabe hasta ahora es el paradero de estas personas. Según una nota del diario Marka (ver figura 4), su deportación estuvo a cargo del gobierno peruano y argentino. Dichas personas habrían sido entregadas al gobierno boliviano, trasladándolas en un camión del ejército hasta la frontera con este país, y desapareciéndolas luego camino a Argentina.
Vemos pues que el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, en sus inicios supuestamente sustentado en ideas reformistas y democráticas, acabó por apoyar las prácticas violentas y terroristas de su homologo argentino. Ello hace pensar más en las semejanzas de ambos regímenes, que en sus supuestas diferencias con respecto a su posición en el tema de los derechos humanos.
Talia Choque
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